Denuncian condiciones inhumanas en la detención del jubilado chaqueño acusado de amenazar a Milei

El caso del jubilado chaqueño D.R.V., detenido por supuestas amenazas al presidente Javier Milei y otras figuras públicas, generó una fuerte preocupación en el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, que activó todos sus mecanismos legales para evitar su traslado a una cárcel federal.

Silvina Cantero, abogada del Comité, explicó en que presentaron un nuevo hábeas corpus correctivo por el “riesgo cierto” que implicaría alojar al docente jubilado en un penal común, sin estar siquiera procesado. “No sólo es una persona mayor, con hipertensión y sin antecedentes penales, sino que su detención inicial se dio en condiciones inadecuadas, sin cama, sin acceso a higiene ni medicamentos y sin defensa legal durante varias horas”, detalló.

Una detención polémica e irregular

D.R.V. fue arrestado el 2 de julio en Resistencia, acusado de publicar amenazas en redes sociales contra el presidente Javier Milei, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y periodistas afines al oficialismo. “Es una causa federal, y sin embargo fue alojado en una comisaría provincial, en una oficina sin condiciones de habitabilidad”, relató Cantero.

El Comité, que tiene competencias para inspeccionar espacios de encierro tanto tradicionales como no tradicionales (penales, comisarías, hogares, residencias), intervino tras recibir una denuncia. Un médico forense del organismo constató su estado de salud deteriorado por la falta de medicación para la hipertensión y el lugar donde estaba detenido. Ante esto, se presentó un hábeas corpus para solicitar mejores condiciones y evitar el traslado a un penal.

 “Podrían trasladarlo incluso fuera del Chaco”

Aunque la jueza Zunilda Niremperger no dio lugar al primer hábeas corpus, sí ordenó una serie de medidas paliativas: el traslado a una dependencia federal con mejores condiciones (la sede de Policía Federal en Resistencia), atención médica inmediata, contacto con su defensa, visitas de familiares y cese de toda exposición mediática.

Según Cantero, el juez natural de la causa, Ariel Lijo (Juzgado Criminal y Correccional Federal 4 de CABA), ya pidió su traslado a una unidad penitenciaria federal. “Y esto podría no ser en Resistencia, sino en Buenos Aires o cualquier otra del país, agravando aún más su situación”, advirtió.

Cantero subrayó que el Comité no interviene en la causa penal en sí, sino que vela por las condiciones de detención. “En este caso vemos una respuesta excepcional, casi acelerada, que no es la norma. Las comisarías no son lugares aptos para largas detenciones, pero tampoco lo es un penal federal para alguien sin procesamiento ni prisión preventiva”, indicó.

Desde el Comité consideran que podrían evaluarse otras medidas, como la prisión domiciliaria, “no sólo por la edad, sino porque el delito que se le imputa es cuestionable en su gravedad y contexto político”.

Según la abogada, este caso forma parte de un contexto de criminalización acelerada que merece ser analizado con atención. “Vemos decisiones exprés en este y otros casos similares en Buenos Aires. Se activan protocolos extremos ante hechos que podrían ser calificados como simples contravenciones. Todo indica una lectura política del contexto”, remarcó.

Por último, Cantero agradeció a los medios que visibilizan la situación: “Nos preocupa la vulneración de derechos básicos. Seguiremos insistiendo para que esta persona no sea trasladada arbitrariamente y se respeten sus garantías constitucionales”.

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