Libertad Digital
El fallo de Preska había ordenado la transferencia de acciones en un plazo de 72 horas, lo que encendió alarmas en el Gobierno nacional. Ahora, la Cámara de Apelaciones dispuso una suspensión administrativa temporal, vigente hasta que un panel de tres jueces analice la moción de suspensión definitiva presentada por los abogados argentinos.
El caso se originó por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia estadounidense falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaron compensaciones por no haber sido debidamente indemnizados en esa operación. El monto de la sentencia asciende a u$s 16.099 millones.
Con esta medida, la Corte de Apelaciones gana tiempo para revisar en profundidad el reclamo del Estado argentino, que sigue sosteniendo que el tribunal de Preska incurrió en errores al interpretar el estatuto de YPF y la soberanía del país en la toma de decisiones internas. Ahora, el foco estará en si la Cámara ratifica, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Mientras tanto, el riesgo inmediato de perder el control accionario sobre YPF queda en pausa, y Argentina evita, por ahora, un choque frontal con la justicia estadounidense.
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