Fondos para Salud Mental: lo que propone la nueva ley que declara la emergencia

“La salud mental está en emergencia desde hace muchos años”, afirmó. “Hace aproximadamente 35 o 40 años cambiaron los paradigmas: se dejó de internar de por vida en neuropsiquiátricos para apostar a tratamientos ambulatorios, con acompañamiento familiar y medicación. Pero el Estado no hizo lo necesario para sostener ese modelo”.

El cambio que no fue acompañado

Blasco remarcó que estos nuevos enfoques permitieron que muchas personas con cuadros graves —como esquizofrenia, autismo o consumos problemáticos— pudieran vivir fuera de los hospitales. Sin embargo, alertó sobre un nuevo problema que emerge con el tiempo: “Muchos de esos pacientes, que en su momento eran niños, hoy son adultos y comienzan a sobrevivir a sus padres. Y no están dadas las condiciones para que el Estado se haga cargo. No se construyeron centros comunitarios, casas intermedias ni se fortaleció la red de contención”.

El diputado apuntó que la provincia cuenta con apenas 40 camas de salud mental —repartidas entre Resistencia y Sáenz Peña— y que la mayoría están ocupadas por pacientes crónicos.

La propuesta legislativa

Desde su banca, Blasco impulsó una ley de emergencia en salud mental, para destinar el 10% del presupuesto de Salud Pública a ese sector. También propone que el reglamento permita reasignar otros recursos.

“La ley nacional de salud mental establece que debe asignarse presupuesto específico. Con esta ley, buscamos que Chaco haga lo mismo y empiece a invertir en infraestructura, recursos humanos y capacitación”, explicó.

Uno de los puntos clave del proyecto es la habilitación de una sala de internación específica para niñas, niños y adolescentes en el Hospital Pediátrico. “No podés mezclar a un niño con autismo con un adulto con esquizofrenia. Necesitamos dispositivos adecuados para cada perfil”, señaló.

La rutina como tratamiento

El legislador insistió en la importancia de la rutina y la adherencia a la medicación como elementos centrales del tratamiento en salud mental.

“En los casos graves, como la esquizofrenia, si no hay una rutina de medicación a horarios fijos, los brotes psicóticos se vuelven incontrolables porque el personal no está capacitado”.

Blasco reveló que hay personas detenidas con esquizofrenia, con certificado de discapacidad, pero que no tienen otro lugar donde ser alojadas. “Eso no puede seguir ocurriendo. No es culpa de nadie en particular. Esto viene de hace décadas, pero hay que empezar a reconstruir”, sentenció.

Un problema estructural

Además de los trastornos mentales graves, el diputado se refirió a los consumos problemáticos, especialmente en adolescentes: “Si se interviene a tiempo, se puede rehabilitar. Pero cuando el consumo es muy intenso, deja secuelas neurológicas permanentes. Y entonces hablamos de una discapacidad mental adquirida”, explicó.

También advirtió sobre el cambio en la estructura familiar argentina. “Antes había cuatro o cinco hermanos, alguien se hacía cargo. Hoy las familias tienen uno o dos hijos, que muchas veces emigran. ¿Quién se va a hacer cargo de una persona con discapacidad cuando los padres ya no estén?”, planteó.

Una política de Estado urgente

Para Blasco, la situación exige una política de Estado sostenida en el tiempo: “Este proyecto es un disparador. Tenemos que trazar un camino que no dependa de un gobierno. La OMS dice que una de cada 200 personas tiene esquizofrenia. El problema lo tenemos encima. Hay que arrancar ya”.

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