Libertad Digital
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska, a cargo de la causa por la expropiación de YPF, le ordenó al Gobierno argentino entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de actuales y exfuncionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa, para intentar probar que manejaron los precios de los combustibles.
La resolución fue emitida por el tribunal del Segundo Distrito Sur de Manhattan, que ya condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, compradores de los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que pertenecían al grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que suman ya unos USD 900 millones), buscan volver a incluir en la causa a la petrolera estatal y embargar sus activos.
El argumento de Burford es que YPF es "alter ego" del Estado nacional, y que, en lugar de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada-, opera con los objetivos políticos del gobierno de turno.
Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones de "Toto" Caputo y de Massa, lo mismo que de quien fuera viceministro del excandidato presidencial de Unión por la Patria, Gabriel Rubinstein; del extitular de la Aduana Guillermo Michel y del exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, entre otros.
Con la información requerida, la magistrada buscará demostrar que, por ejemplo, los funcionarios actuales y anteriores acuerdan con la compañía cuánto subirá la nafta o qué miembros del Ejecutivo usaron el avión de la petrolera, por citar sólo dos ejemplos.
Fuente: El Canciller
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