Argentina apelará el laudo del CIADI que le impone un pago de USD 716 millones a AES Corporation

La controversia se originó tras la salida de la convertibilidad, cuando el Estado pesificó los contratos de la represa Alicurá, situada sobre el río Limay entre Neuquén y Río Negro. AES denunció una violación al Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos por la modificación unilateral de los ingresos en dólares y por el prolongado congelamiento tarifario. Aunque el reclamo inicial ascendía a USD 1.814 millones —y con intereses podía superar los USD 2.500 millones—, el tribunal arbitral fijó la compensación en 716 millones.

Desde la Procuración del Tesoro, que conduce Santiago Castro Videla, confirmaron la estrategia: recurrir a la anulación para ganar tiempo y abrir margen de negociación. Argentina dispone de 120 días desde la fecha del laudo (31 de mayo de 2025) para formalizar el pedido, que puede alegar irregularidades en la integración del tribunal, exceso de jurisdicción, violaciones procesales o eventuales hechos de corrupción. La presentación suspenderá la ejecución del fallo hasta que una comisión ad hoc del CIADI revise el planteo.

En Balcarce 50 reconocen que “no hay recursos para afrontar el pago ni voluntad de endeudarse”. Solo si el CIADI rechaza la nulidad se analizaría un plan de pago progresivo. Quedó descartada, en cambio, la posibilidad de condonar la deuda a cambio de eximir el canon si AES volvía a competir por la concesión de Alicurá.

El caso se suma a otros litigios internacionales que presionan las finanzas públicas: la sentencia de la jueza Loretta Preska en Nueva York por USD 16.100 millones en la causa YPF, los USD 147 millones a Webuild por peajes del puente Rosario‑Victoria y el fallo británico de USD 1.500 millones por el Cupón PBI. Con varios frentes abiertos, la Casa Rosada apuesta a prolongar los procedimientos y negociar reducciones antes de comprometer nuevas erogaciones.