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En cambio, avaló la continuidad del arresto domiciliario, aunque solicitó que se evalúe un cambio de domicilio, al considerar que el actual —ubicado en San José 1111— genera "alteraciones de la paz pública y riesgos para su integridad".
La decisión se dio minutos antes del inicio de una audiencia clave ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, donde se debatirá no solo la modalidad de cumplimiento de pena, sino también el uso de tobillera electrónica y las restricciones en el régimen de visitas.
En su escrito, Villar se diferenció de sus colegas Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían pedido que CFK cumpla su condena en una cárcel común. Señaló que no hubo incumplimientos de las condiciones del arresto y que un cambio de régimen implicaría un retroceso injustificado.
Sin embargo, advirtió que el actual domicilio de la expresidenta no garantiza condiciones óptimas de seguridad ni para ella ni para el entorno. Por eso propuso que se mantenga la prisión domiciliaria, pero en otro lugar.
Villar también sostuvo que la tobillera electrónica debe mantenerse, ya que ningún juez puede eximir su uso sin informes técnicos previos, y respaldó así la aplicación de dispositivos de control como herramienta de supervisión.
Durante la audiencia también expondrán los abogados defensores de CFK, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes pedirán eliminar el requisito de la tobillera y flexibilizar las visitas, hoy limitadas a familiares, médicos y personal de custodia autorizados por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Los jueces tendrán cinco días hábiles para resolver los pedidos. Mientras tanto, la expresidenta sigue cumpliendo su condena en su domicilio actual, sin traslados ni cambios en su situación jurídica.
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