El Gobierno le pidió a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo que ordenó transferir las acciones de YPF

El Gobierno le pidió este martes a la Justicia de Estados Unidos que suspenda el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron la demanda tras la expropiación de la compañía en 2012. En una carta enviada a la jueza neoyorquina Loretta Preska, la administración nacional reclamó una cautelarque deje sin efecto el alcance de la sentencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo y le anticipó que presentará una apelación formal en los próximos días.

En su presentación, Argentina destacó que el Gobierno estadounidense ha apoyado su postura y le indicó a la magistrada, titular del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, que la entrega de las acciones "implicaría un daño irreparable" para el país. 

Asimismo, consideró que no puede ejecutarse una condena parcial hasta que la Cámara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.

"No se puede poner al genio de vuelta en la botella", advirtieron los letrados al señalar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario de YPF y decidieran venderlo, como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales, el daño sería irreversible, incluso si Argentina gana la apelación.

"Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley", expresaron los abogados al aludir a la norma 26.741, queexige que el Estado conserve una participación mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. 

"No se trata de un juicio comercial entre dos empresas, sino de un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno", agregó el escrito.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el Gobierno argentino no se sentará a negociarcon los fondos Burford Capital y Eton Park -que compraron la demanda- hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.

La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -USD 16.100 millones, sin intereses-, porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según portavoces oficiales.

La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la Corte de Apelaciones. Desde el Ejecutivo mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de "cumplimiento imposible". "No hay chance alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia", comentó una fuente oficial.

Fuente: El Canciller