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Libertad Digital
“Cada caso nos atraviesa. No sólo acompañamos a víctimas, sobrevivientes y familiares, sino que también pensamos qué hacemos desde nuestro lugar para prevenir y concientizar a la sociedad civil, para que esto no suceda nunca más”, sostuvo.
Corvalán advirtió además sobre el riesgo de relativizar la tipificación de los femicidios, luego de que se conociera que la fiscalía interviniente evalúa una carátula alternativa de homicidio agravado.
“Es aberrante y peligroso poner en duda un femicidio. La ley 26.485 es clara: toda asimetría de poder entre un hombre y una mujer que derive en violencia configura violencia de género”, explicó.
En ese sentido, recordó un caso reciente en Charadai, donde “una mujer fue agredida por su hermano y en la fiscalía le dijeron que no era violencia de género porque no era su marido”. Para Corvalán, ese tipo de respuestas demuestra “una falta de conocimiento alarmante de la legislación vigente”.
“Las normativas nacionales e internacionales existen. Hay que aplicarlas y defenderlas. No podemos retroceder”, enfatizó.
Más violencia, más discursos de odio
Consultada sobre la realidad cotidiana del colectivo, la activista explicó que los casos de violencia “han crecido mucho” en los últimos años. “Tratamos de acompañar como podemos, entre nuestras obligaciones y trabajos, recorriendo fiscalías, juzgados, o simplemente sentándonos a tomar un mate con las víctimas para que se sientan contenidas”, relató.
Sin embargo, atribuyó parte del incremento de la violencia a la “legitimación de los discursos de odio desde altas esferas de poder”.
“Hoy se ha naturalizado que cualquiera pueda insultar o agredir a una mujer. Ayer encontraron el cuerpo de Gabriela y ya en redes la señalaban: ‘¿Por qué estaba con él?’, ‘¿por qué no se cuidó?’. Hasta hubo quien dijo: ‘A mi hija no le va a pasar porque la eduqué de otra forma’. Eso es desconocer totalmente la realidad de la violencia machista”, sostuvo.
“Ojalá que a ese señor nunca le pase algo así. Pero si le pasa, vamos a estar ahí como estuvimos siempre, sin revanchas, acompañando”, subrayó.
Justicia chaqueña y deuda de formación en género
Al ser consultada sobre si la justicia chaqueña tiene perspectiva de género, Corvalán reconoció avances, pero consideró que la aplicación de la Ley Micaela sigue siendo superficial.
“Cuando una mujer va a una fiscalía y le dicen que no es violencia de género porque no es su marido, queda claro que la Ley Micaela no llegó a profundizar como necesitamos. Falta capacitación real”, afirmó.
Desde Ni Una Menos impulsan un proyecto de ley para que los municipios capaciten a la sociedad civil en violencia de género. “No sólo el Estado debe tener protocolos. También la sociedad necesita saber cómo actuar ante un caso, qué información es útil y cuál puede ser perjudicial”, explicó.
Corvalán insistió en la necesidad de un compromiso colectivo: “A veces, en el afán de ayudar, presionamos a las víctimas sin respetar sus tiempos. Eso puede alejarlas y hacer más difícil que pidan ayuda de nuevo. Todos tenemos una responsabilidad: acompañar con empatía y conocimiento".
Finalmente, recordó que “las instituciones están obligadas por ley a cumplir su función”, y reafirmó que Ni Una Menos Resistencia seguirá señalando cada incumplimiento “como lo hacemos desde hace diez años”.
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