Quita de celulares en las cárceles: advierten sobre posibles motines y vulneración de derechos

En medio de los operativos para retirar celulares a los presos de la provincia, un interno del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña encendió la polémica al difundir un video en redes sociales, donde cuestiona la medida y asegura que los dispositivos "mantienen tranquilos" a los reclusos. En paralelo, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General Adjunta presentaron un hábeas corpus para frenar la disposición.

Bashé Charole, titular del Comité contra la Tortura, explicó que la iniciativa busca garantizar el derecho de los privados de libertad a comunicarse con sus familias, abogados y organismos de derechos humanos. "Desde 2020, los detenidos tenían permitido el uso de celulares, y ahora el Gobierno tomó una decisión sin consultar a todos los sectores involucrados", señaló.

Charole remarcó que la medida afecta a internos que utilizan los teléfonos para cuestiones esenciales, como el acceso a la educación y la salud. "Muchos están estudiando y necesitan los dispositivos para rendir exámenes o continuar con sus cursos. También hay casos de reclusos con problemas médicos que dependen de la comunicación con sus familias o abogados para gestionar su atención", detalló.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la falta de alternativas viables. Según Charole, "en muchas penitenciarías no funcionan los teléfonos públicos, y en otras ni siquiera están instalados". En Castelli, por ejemplo, ya se implementó la quita de celulares, pero al momento de utilizar las líneas fijas, estas no funcionaban.

El Comité también adviertió sobre las posibles consecuencias de la prohibición. "Queremos evitar conflictos dentro de las cárceles. En 2012 hubo un motín grave, y no queremos que se repita. Además, en lo que va del año ya hubo dos muertes en el penal de Sáenz Peña y sigue habiendo circulación de droga dentro de las unidades penitenciarias", alertó Charole.

La dirigente también criticó el argumento de que la mayoría de los reclusos usan los celulares para delinquir. "Algunos diputados dijeron que el 80% de los internos cometen delitos desde las cárceles. Pero cuando pedimos pruebas, los ejemplos que citan son de Rosario, Córdoba o Buenos Aires, no del Chaco. En nuestra provincia, se detectaron solo 20 casos de llamadas vinculadas a delitos, y en esos casos se actuó y se retiraron los teléfonos", afirmó.

El hábeas corpus presentado por la Defensoría General Adjunta y el Comité contra la Tortura busca frenar la disposición y abrir una instancia de diálogo.

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