Juicio por irregularidades en el Instituto del Deporte en 2023: "Las rendiciones eran prácticamente inexistentes"

El Tribunal de Cuentas del Chaco inició un juicio administrativo por más de $53 millones contra exfuncionarios del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh), tras detectar serias irregularidades en la gestión 2023. La medida, oficializada mediante la Resolución 190/24 publicada en el Boletín Oficial, apunta directamente al expresidente del organismo, Osvaldo Pérez Cuevas, y al exdirector de Administración, Roberto Meza.

“Cuando asumí, encontré desprolijidades graves. Las rendiciones eran prácticamente inexistentes”, afirmó el actual titular del Instituto, Fabio Vázquez. La denuncia partió de su gestión a fines del año pasado y fue tomada por la Fiscalía, que solicitó al Tribunal de Cuentas la apertura de un proceso formal.

Según Vázquez, uno de los principales focos de sospecha fue el uso de la ConFeChaDe (Confederación Chaqueña de Deportes) como intermediaria para distribuir los subsidios a los clubes. “No entendía por qué, teniendo el Instituto una estructura administrativa y un control estatal, había una entidad madre que actuaba como si fuera el Instituto mismo”, cuestionó.

Lo que más le llamó la atención fue la falta de controles. Mientras que el IDCh debe cumplir requisitos estrictos impuestos por el Tribunal de Cuentas, “la ConFeChaDe simplemente entregaba una factura de la institución y nada más”. En algunos casos, para justificar un viaje a un torneo nacional, solo se presentaba un comprobante sin detalles, como listas de pasajeros o facturas de alojamiento.

Vázquez reveló que durante la anterior gestión formó parte del directorio como vicepresidente, pero no tenía firma ni participación efectiva. “Era un cuatro de copas”, graficó, denunciando que sus pedidos formales de documentación nunca fueron respondidos.

“Me preocupaba ver cómo se manejaban fondos que pertenecen a todos los chaqueños. Las ayudas siempre iban a los mismos, dejando a muchos deportistas afuera”, aseguró. Por eso, remarcó que hoy, bajo las instrucciones del gobernador, el enfoque es completamente distinto: transparencia, equidad y control.

¿Qué pasa ahora?

El Tribunal de Cuentas resolvió dar intervención al Área de Juicio Administrativo de Responsabilidad para determinar la eventual culpabilidad de los implicados. Los exfuncionarios tienen 30 días para presentar descargos y pruebas. Si no lo hacen, perderán ese derecho y quedarán firmes los cargos, lo que podría derivar en sanciones económicas.

“Hoy trabajamos con reglas claras. Hay dos leyes que regulan los subsidios y todos los expedientes están disponibles. No hay privilegios”, concluyó Vázquez.

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