Multas más duras y obligación de restaurar: Chaco endurece la ley contra los desmontes ilegales

La iniciativa modifica la Ley 2079-R y contempla multas de hasta diez veces el valor base por cada hectárea intervenida sin autorización, ya sea por desmonte o prácticas silvopastoriles. Las penalidades se agravan si las infracciones ocurren en zonas de alto valor de conservación (clasificadas como categoría amarilla o roja según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), o si se utiliza maquinaria pesada como cadenas para arrasar el monte.

Pero el cambio más significativo es la creación de un régimen de restauración: quienes violen la normativa no solo deberán pagar las sanciones económicas, sino también presentar y ejecutar un plan de recuperación ambiental, que deberá ser aprobado por la Dirección de Bosques. En caso de que el responsable no lo cumpla, será el propio Estado quien lo ejecute, trasladando luego los costos a los infractores.

El proyecto fue impulsado por el diputado Juan José Bergia, con aportes del Poder Ejecutivo y del legislador Rubén Guillón. Según sus autores, la nueva legislación busca frenar el avance de las prácticas ilegales sobre el monte chaqueño, que sigue bajo fuerte presión pese a la normativa existente.

Como respaldo, se citó un informe de Greenpeace que advierte que en los primeros cuatro meses de 2023 se desmontaron casi 20.000 hectáreas en la provincia, la mayoría en zonas donde esa actividad está prohibida. La organización también criticó la falta de acciones efectivas para restaurar los ambientes afectados.