Emergencia en discapacidad: entre la promesa de la ley sancionada y la incertidumbre del veto

La ley, que busca traer “alivio al sector de atención a las personas con discapacidad”, aborda múltiples aspectos. Según Mitoire, incluye “el financiamiento de pensiones que no sean ya por incapacidad laboral, sino por discapacidad, el apoyo a los servicios y prestadores que les dan atención a las personas con discapacidad”, lo que implica la “actualización de aranceles”.

Además, contempla “una condonación de deuda para los prestadores” y mejoras en la “retribución que reciben las personas que están en talleres protegidos de producción”.

Un reclamo histórico por financiamiento

La actualización de aranceles es un punto crucial, ya que el sector viene arrastrando un desfinanciamiento crónico. Mitoire explicó que los servicios arancelados “hace muchos años vienen desfinanciados porque vienen por detrás de la inflación”. Si bien el año pasado hubo una actualización significativa, “desde fines del año pasado ya no recibió actualización”.

Este desfasaje impacta directamente en la calidad y continuidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad.

Obstáculos en el camino: veto y presupuesto

A pesar de la sanción, la aplicación de la ley no está exenta de obstáculos. Uno de los escenarios posibles que preocupa es un potencial veto presidencial.

Otro desafío fundamental es la falta de definición presupuestaria. “Una de las dificultades que tenía esta aprobación es que no está definido el presupuesto necesario. Así que eso también va a tener una complejidad muy importante en ver cómo se definen cuestiones que no están explícitas en la ley”, advirtió la titular del IPRODICH. Esta indefinición genera inquietud, ya que sin los fondos asignados, la ley podría convertirse en una “mera declaración de intenciones”.

Derechos garantizados, pero con cautela

Consultada sobre si la ley requerirá adhesiones provinciales o si se aplicará directamente, Mitoire aclaró que “es una ley nacional que seguramente se va a aplicar”. Si bien Argentina es un país federal, “hay cuestiones relativas a derechos a las que se podrá legislar en la implementación, pero no se podrá recortar ningún derecho de los aprobados”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que en Chaco “siempre vamos a garantizar todos los derechos que estén establecidos”.

Desmintiendo rumores y sosteniendo estándares

La entrevista también abordó la preocupación generada por algunas declaraciones oficiales que calificaron proyectos relacionados con la discapacidad como “regresivos” o “asistencialistas”. Mitoire desmintió estas afirmaciones, explicando que en su momento “salió una resolución que apelaba a denominaciones absolutamente obsoletas con respecto a las personas con discapacidad”. Aunque la Agencia Nacional de Discapacidad tardó en retractarse, finalmente lo hizo.

Asimismo, la titular del IPRODICH negó categóricamente los rumores sobre cambios en la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). “Salió en muchos medios nacionales incluso que había cambios en la emisión de los certificados únicos de discapacidad, que nosotros también desmentimos en nuestras redes porque no hay nada oficial, ni siquiera en proyecto”, enfatizó. Las juntas evaluadoras del IPRODICH continúan trabajando “con los parámetros establecidos ya desde hace 15 años”.

Un largo camino y una luz de esperanza

Para las familias y las personas con discapacidad, el camino es de expectativa y constante consulta. Mitoire reconoció que “son tiempos de muchas consultas en Iprodich a raíz de esto que pasa”. La situación, que “va evolucionando”, ahora entra en una etapa parlamentaria donde la ley deberá superar la revisión del Poder Ejecutivo. “Ojalá que puedan tener correlato presupuestario”, concluyó Mitoire, resaltando que, a pesar de las incertidumbres, la sanción de la ley es “una luz de esperanza” para mejorar los servicios actuales.

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